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“Pero pese a las promesas, la protección a periodistas sigue siendo una de las claras tareas pendientes de las autoridades de México.”
Ana Slhimovitc / @anaslhimovitch
ana.slhimovitch@inperfecto.com.mx
“Para todos nosotros ha sido un shock, en el microsegundo que él abrió la puerta (de su auto) y se agachó para dejar su material, pum, le dieron el balazo en la cabeza.”
Solo cinco días después de pronunciar estas palabras, a pocos kilómetros, Maldonado fue también asesinada en la misma ciudad, Tijuana, en el norte del país considerado el más mortífero para ejercer el periodismo.
Según compañeros y organizaciones del gremio, Maldonado estaba inscrita en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que, sin embargo, no sirvió para evitar su muerte.
Lourdes Maldonado contaba con una amplia trayectoria profesional en diferentes medios, cubriendo especialmente temas de política y corrupción en el estado de Baja California.
Trabajó en Televisa, Primer Sistema de Noticias (PSN) y el semanario Séptimo Día, entre otros medios.
Desde hace algunos meses, presentaba el programa “Brebaje” en la emisora de radio Sintoniza sin Fronteras y en streaming de video a través de internet, donde se la identificaba como “ícono de la comunicación en Baja California”.
Durante casi una década, Maldonado había mantenido un litigio por despido injustificado y adeudos de nómina pendientes contra la empresa para la que trabajó por seis años. Fue este conflicto el que le llevó a pedir ayuda al presidente López Obrador en 2019.
Tras escucharla, López Obrador pidió públicamente al coordinador de Comunicación Social que atendiera y apoyara a Maldonado “para que haga justicia, que no haya influyentismo y que se actúe en el marco de la ley”.
Sin embargo, Maldonado denunció seguir recibiendo amenazas y el año pasado accedió al Mecanismo de Protección a Periodistas de Baja California que, según la Red de Periodistas de Mexicali
La actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, prometió poner “toda la fuerza del Estado en hacer justicia”.
Pero pese a las promesas, la protección a periodistas sigue siendo una de las claras tareas pendientes de las autoridades de México, convertido en el país más letal para ejercer esta profesión.