Ciudad de México

Policías evitan que activistas de cannabis llegaran al Supremo

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Agentes de la SSC de la Ciudad de México cercaron este lunes durante más de tres horas a manifestantes del movimiento cannábico que pretendían llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

 

EFE

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México cercaron este lunes durante más de tres horas a manifestantes del movimiento cannábico que pretendían llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Alrededor de 50 activistas partieron del plantón frente al Senado mexicano -en el que llevan varios meses como protesta ante la promesa de una ley que regule el consumo y el cultivo de marihuana- hacia la SCJN, ubicada en el emblemático Zócalo capitalino.

Pero unos 300 policías de la SSC los detuvieron en las inmediaciones del Zócalo al acordonarlos para impedir su avance, una situación que se prolongó durante horas.

En un inicio llegó al lugar Adriana Contreras, directora general de Gobierno de la capital mexicana e intentaron establecer un diálogo.

La funcionaria les instó a regresar al plantón del Senado, donde se les permite el consumo y el cultivo de marihuana -pero no la venta-.

Sin embargo, los manifestantes se negaron a regresar ya que, dijeron, contaban con la confirmación por parte del Gobierno de la ciudad de que podrían llegar a las puertas de la SCJN donde los recibirían.

El objetivo de esta marcha era establecerse a un lado del edificio hasta que los magistrados de la Suprema Corte debatieran una declaratoria que calificaría como inconstitucionales, de ser aprobada, cinco artículos de la Ley General de Salud relacionados con el consumo y el cultivo de marihuana sin fines lucrativos.

“Si 8 de los 11 magistrados votan a favor de lo que nosotros exigimos que es la declaratoria, esos 5 artículos ya no aplicarían para ningún ciudadano”, dijo a Efe Miguel, integrante del Plantón 420 y del Movimiento Cannábico.

Con esto, precisó, tanto el consumo como el cultivo sin ánimo lucrativo serían legales pero se encontrarían en un limbo legal, por lo que el Poder Legislativo se vería obligado a legislar sobre este tema.

Según los activistas supieron, este lunes la ministra de la Suprema Corte Norma Lucía Piña presentó el proyecto, por lo que en los próximos diez días, consideraron, debería debatirse.

Sin embargo, de acuerdo a la información proporcionada por la SCJN a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que llegó al encapsulamiento para establecer diálogo, no será hasta el 28 de junio que se debata.

 

PENDIENTES DEL ACUERDO

Por eso, después de varias horas ubicados en el lugar en medio de un cordón por parte de la Policía, la SCJN ofreció a los manifestantes una reunión con un portavoz de dicha institución el martes, al igual que el Secretario de Gobierno de la ciudad, Alfonso Suárez del Real.

Aun así, tras una tarde larga para agentes policiales y manifestantes -aunque no hubo enfrentamientos directos-, los miembros del movimiento cannábico y las autoridades todavía buscan llegar a un acuerdo.

Por el momento los activistas todavía no se retiran del lugar y no se confirma si mañana martes se llevarán a cabo las reuniones antes de que el 28 de junio se lleve a cabo el debate sobre la declaratoria de inconstitucionalidad.

“Como movimiento lo veríamos (la declaratoria) totalmente positivo porque es el poder supremo judicial determinando si vamos a poder ejercer este derecho”, detalló Miguel, refiriéndose a que sería imprescindible una regulación legislativa posterior.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó en 2019 regular el consumo lúdico de la marihuana en México, pues considera inconstitucional su prohibición, pero la iniciativa se encuentra estancada en el Senado mexicano.

Una primera versión del texto fue aprobada por el Senado en noviembre del año pasado, pero el pasado marzo fue modificada por la Cámara de Diputados y regresó de nuevo a la Cámara Alta.

Los senadores no están de acuerdo en varias modificaciones hechas por los diputados, por lo que pidieron a la Suprema Corte una nueva prórroga del plazo para aprobar la ley, que venció el 30 de abril.