#InPerfecciones
Si la Consulta para enjuiciar a los ex presidentes resultó constitucional obedeciendo a una evidente presión desde Palacio Nacional, resulta un precedente muy negativo.
Carlos Rosas Cancino / @CarlosRosas_C
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Lejos de todo lo hilarante que pueda parecernos el comportamiento errático del Presidente López Obrador, la dimensión de las palabras traducidas a los hechos debe tomarse con mucha seriedad, un desvarío en campaña resta votos, pero un desvarío al frente del Ejecutivo cuesta vidas, empleos, seguridad y certeza jurídica, de ahí que de manera constante se le recuerde al Presidente que la campaña electoral terminó en 2018, sin embargo, la narrativa que se ha repetido de manera constante ha comenzado a rendir frutos para la agenda política impulsada bajo el nombre de Cuarta Transformación.
Es imposible separar el termino “transformación” o “revolución” de la idea de turbulencia, de hecho son términos muy gentiles con los que se ha “romantizado” lo que había sido anunciado y no por los analistas, esto fue anunciado por el propio candidato que aprovecha la coyuntura económica, política y social para alcanzar el objetivo de llegar a la silla presidencial.
El respeto al estado de derecho al que acudieron en el pasado todas la protestas de corte político y social tenían la oportunidad de obtener el anhelado premio de ver por fin un cambio nacional empezando por el apego irrestricto a la ley, una ley que ha sido torcida y llevada a terrenos incluso siniestros en los que podía considerarse letra muerta. Desafortunadamente la realidad de los hechos no solamente ha mantenido el “estatus quo” de letra muerta que la ley ostenta, la Carta Magna una vez más ha sido irrespetada por un discurso populista que pone en el horizonte un escenario de incertidumbre jurídica.
Si la Consulta para enjuiciar a los ex presidentes resultó constitucional obedeciendo a una evidente presión desde Palacio Nacional, resulta un precedente muy negativo en materia de apego a la ley, lo que resulta ilegal se ha convertido en materia de consulta, lo que debe hacernos reflexionar sobre que otras “ilegalidades” se pondrán sobre la mesa para que la ahora sometida SCJN avale, podemos pensar en la reelección –por ejemplo-.
Y todo este círculo se va cerrando cuando escuchamos en voz del Presidente que “el pueblo está por encima de la ley”, situación que se torna peligrosa en términos de fanatismo que justificará absolutamente todo lo que se disponga desde la Presidencia aunque se encuentre totalmente lejano a la ley. Como señalé al principio de esta columna, los desvaríos en campaña cuestan votos, pero los desvaríos estando en funciones de Presidente cuestan vidas, empleos, seguridad, certeza jurídica y a partir de la semana pasada cuestan democracia, constitucionalidad y próximamente libertad.