InPerfección Principal Nacional

Luis María Aguilar ve “inconstitucional” la consulta para enjuiciar expresidentes

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“El objetivo de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos”

 

 

EFE

El magistrado de la Suprema Corte de Justicia Luis María Aguilar propuso en un proyecto publicado este jueves declarar “inconstitucional” la consulta popular que el Gobierno federal quiere convocar para decidir enjuiciar por corrupción a varios expresidentes del país.

“El objetivo de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos”, expresó el magistrado, encargado de analizar la constitucionalidad de la propuesta.

Aguilar señaló que la consulta planteada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llevaría a “condicionar el ejercicio y la protección de los derechos humanos a la voluntad de las mayorías, lo cual es contrario a la Constitución”.

López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con un férreo discurso contra la corrupción de los gobiernos anteriores, envió al Senado la iniciativa para que los ciudadanos elijan si el actual Gobierno debe investigar y, en su caso, llevar a juicio a los expresidentes.

Aunque el mandatario es el principal promotor de esta consulta, apoyada por dos millones de firmas ciudadanas, López Obrador ya ha avanzado que votaría en contra de enjuiciarlos porque quiere evitar la “venganza”.

“Se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de derecho mismo”, opinó el magistrado sobre este proyecto que será debatido por la Suprema Corte el 1 de octubre.

En conferencia de prensa, López Obrador pidió esperar a que el pleno del alto tribunal resuelva el asunto y pidió a los magistrados actuar “con apego a la legalidad”.

La pregunta planteada reza: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León,Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

En su propuesta, López Obrador aseguró que durante el Gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) fue “cuando crecieron más” las desigualdades y que con Zedillo (1994-2000) se llevó “a sus últimas consecuencias” las “políticas privatizadoras”.

Acusó a Fox (2000-2006) de intervenir “indebida e ilegalmente” en las elecciones presidenciales de 2006, en las que López Obrador perdió frente a Calderón (2006-2012), y a este de entregar territorio a “las bandas delictivas”.

De su predecesor directo, Peña Nieto (2012-2018), dijo que recibió “grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial”.

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