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Piden ratificar Acuerdo de Escazú para proteger a defensores ambientales

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Persiste la violencia estructural y se registraron 39 ataques durante 2019, informa Cemda

 

 

Notimex
Por Miguel Ángel de Alba

 

 

Persiste en México una situación de violencia estructural contra los defensores ambientales, que les impide ejercer con libertad y seguridad su derecho a defender derechos humanos, por lo que es urgente ratificar el Acuerdo de Escazú, señala el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en su Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales México, 2019.

El documento explica que aunque en el número de agresiones 2019 registra la cifra más baja en los últimos seis años, con 39 ataques en contra de personas defensoras de los derechos del medio ambiente, es necesario destacar que casi un tercio de los casos registrados fueron homicidios, con saldo de 15 personas asesinadas y un intento de homicidio.

“Es altamente preocupante que el homicidio siga apareciendo como una de las principales agresiones contra las personas defensoras”, indica.

En segundo lugar de las agresiones se ubican las amenazas con 11 casos; en tercer lugar, la criminalización, con nueve casos, y en cuarto lugar la intimidación, con ocho casos. En menor número aparecen las agresiones físicas, el hostigamiento, la difamación, la desaparición forzada, el allanamiento, el robo, la privación ilegal de la libertad, la estigmatización, el secuestro y el uso indebido de la fuerza.

Oaxaca es la entidad que registró el mayor número de agresiones en 2019, con seis; le siguen Puebla, Morelos, Chiapas y el Estado de México, cada uno con cuatro casos; Chihuahua, con tres, y Jalisco, Ciudad de México y Zacatecas, con dos casos. En Colima, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz, Sonora y Yucatán se contabilizó una agresión.

De los 39 ataques registrados em 2019 por el Cemda contra personas defensoras ambientales, ocho se relacionan con proyectos de energía eléctrica, y cuatro de ellos particularmente con el Proyecto Integral Morelos, consistente en la construcción de una termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto.

El sector forestal registró seis casos; en el sector de proyectos para la construcción de vías de comunicación, se registraron cinco agresiones, dos de ellas relacionadas con el proyecto del Tren Maya y dos más con la construcción de la carretera en San Francisco Xochicuautla, Estado de México.

Finalmente, los sectores minero, agropecuario y de hidrocarburos tuvieron un registro de tres casos cada uno; los proyectos hidráulicos, dos casos, y el desarrollo urbano e industrial, un caso cada uno.

En 17 de los 39 ataques no fue posible identificar al agresor. En otros 17 casos, el gobierno aparece como presuntamente responsable, al ser mencionadas las fiscalías locales, la Guardia Nacional y la policía estatal. En menor medida se señaló como agresores a personas de la misma comunidad, al crimen organizado, a grupos paramilitares, grupos armados, a la empresa y los medios de comunicación.

Veintidós de los 39 ataques fueron hacia personas en lo individual. De ellos, ocho se dirigieron contra mujeres y 14 contra hombres. Se registraron seis casos contra comunidades y dos contra organizaciones.

El Informe de Cemda aborda de forma particular el tema de la estigmatización, agresión que tiende a convertir discursivamente a la persona en marginada y contraria a la norma social, y lo refiere al caso de Samir Flores Soberanes, quien tenía una posición de liderazgo en la defensa del territorio en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM), asesinado el 27 de febrero de 2019 afuera de su domicilio, en el estado de Morelos, en vísperas de la consulta ciudadana propuesta sobre el proyecto.

Finalmente, el Informe incluye una serie de recomendaciones al Estado mexicano encaminadas a garantizar la protección que requieren las personas defensoras de los derechos humanos ambientales para realizar su labor.

La principal recomendación es modificar estructuralmente la situación prevaleciente, pero el Cemda señala que hay pasos que se pueden dar hacia la transformación de las condiciones que generan la violencia estructural hacia las personas defensoras del medio ambiente.

Uno de esos pasos es que México ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú, necesidad que ha sido señalada públicamente por las secretarías de Relaciones Exteriores y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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