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Alista España nuevas legislaciones sobre cambio climático

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Revisan nuevo texto, adecuado al Pacto Verde europeo y plantea metas a 2030 y 2050.

 

 

Notimex

Hace un par de años España se convirtió en un modelo de transición ecológica y económica para el mundo, pero no cristalizó debido a la inestabilidad política del país, que impidió la aprobación, en su momento, de la Ley de Cambio Climático.

La medida llevaba un año de revisiones por distintos grupos de expertos, había superado casi todas las barreras de la oposición y se enriqueció con las numerosas aportaciones en la fase de información pública de finales de 2018, pero las elecciones se adelantaron y hasta se repitieron en 2019 y la ley se quedó guardada en un cajón.

El nuevo gobierno de coalición acaba de sacarla para ponerla “en la recta final”.

La Comisión Mixta para el Estudio del Cambio Climático recomendó al gobierno elaborar un anteproyecto de ley y, ahora, antes de entregarlo al Consejo de Ministros para su tramitación parlamentaria, el nuevo texto será revisado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente, la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas y el Consejo de Estado.

El anteproyecto de ley, alineado con el Pacto Verde europeo, responde a los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, y se plantea como un marco de estabilidad y certidumbre frente a la descarbonización de la economía española.

Su articulado busca facilitar una transformación profunda del país, que debe ser aprovechada para ganar prosperidad, empleo, innovación, desarrollo tecnológico, seguridad y justicia social.

La transición ecológica, económica y energética debe ser justa. Para ello, se refuerza la participación de las comunidades autónomas y se plantean convenios, con el objetivo de fomentar la actividad económica y la mejora de la empleabilidad de los trabajadores en la transición hacia un desarrollo bajo en carbón.

Esta transición establece como objetivos para 2030, generar el 70 por ciento de la electricidad con renovables, asegurar que al menos el 35 por ciento del consumo final de energía provenga de renovables, y mejorar la eficiencia energética en al menos un 35 por ciento respecto a la actualidad.

Este esfuerzo de España para reducir emisiones durante la próxima década, para situarse en la senda de la neutralidad en carbono, debe culminar en 2050. Antes de ese año, y de acuerdo con la estrategia de descarbonización de la Unión Europea, el sistema eléctrico deberá ser 100 por ciento renovable.

Para lograr las metas de neutralidad climática, se amplía el porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado, que nunca será inferior al 20 por ciento, y se refuerza el financiamiento para investigación, desarrollo e innovación sobre el cambio climático y la transición energética.

La nueva versión de la ley desarrolla aspectos inéditos como la gobernanza y la participación pública y contiene medidas reforzadas de adaptación al cambio climático.

En este sentido, aborda cuestiones como la planificación y gestión del desarrollo urbano, edificación e infraestructuras del transporte; protección de la biodiversidad frente al calentamiento global; gestión forestal sostenible y desarrollo rural; planificación y gestión sostenible del agua y de la costa, y atención especial a la seguridad alimentaria, con medidas clave para reducir los riesgos alimentarios asociados al cambio climático.

La transición ecológica se apoya en el desarrollo de las energías renovables, por lo que se convocarán subastas para impulsar la construcción de, al menos, 3 mil MW de instalaciones renovables a partir de 2021.

Destaca el énfasis puesto en reducir las emisiones ligadas al transporte, que suponen casi una tercera parte de las emisiones totales de España. Se centra en el tráfico por carretera, que por si solo genera un 25 por ciento del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

La nueva ley impulsa el uso de la energía eléctrica en general y del vehículo eléctrico en particular. Con vistas a una movilidad sostenible, insta a todas las administraciones a alcanzar en 2050 un parque de vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de dióxido de carbono.

Plantea un detallado programa para favorecer el uso del vehículo eléctrico con medidas como la creación de una plataforma de información sobre puntos de recarga; la obligación de instalar puntos de recarga en edificios de nueva construcción y en intervenciones de edificios existentes.

Además, la obligación de instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW de corriente continua (para una recarga rápida) en el 9 por ciento de las gasolineras.

Pero la Ley de cambio climático no viene sola, porque el gobierno ha dado a conocer que cuenta con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, el cual integra las recomendaciones que hizo la Comisión Europea, y requiere ahora de un proceso de información pública del Estudio Ambiental EStratégico del Plan.

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