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Ratifican tratado de protección a defensores ambientales

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Cinco países de la región América Latina y el Caribe ratificaron el Acuerdo de Escazú, que brinda protecciones especiales a los defensores ambientales.

 

 

Notimex

Cinco países de la región América Latina y el Caribe ratificaron el Acuerdo de Escazú, que brinda protecciones especiales a los defensores ambientales y garantiza que las personas participen en la toma de decisiones para abordar el cambio climático.

El Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) informó que Bolivia, Jamaica, Uruguay, San Cristóbal y San Vicente y las Granadinas expresaron su interés en seguir siendo parte del tratado en un acto realizado en el marco de la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas.

México firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, el 27 de septiembre de 2018.

El tratado es muy importante para la región debido a que en 2018 más de tres personas fueron asesinadas cada semana y muchas criminalizadas debido a que buscaban defender sus tierras y el medio ambiente, según un informe de la ONG Global Witness.

“Los defensores del medio ambiente protegen y gestionan eficazmente los recursos naturales que son esenciales para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y poner al mundo en el camino hacia una economía baja en carbono”, precisó en un reporte el WRI.

La directora de Práctica de Democracia Ambiental del instituto, Carole Excell, destacó que estas cinco naciones podrán participar activamente en decisiones que se relacionan directamente con desafíos como el cambio climático, la contaminación de los océanos y la deforestación.

“Los países de América Latina y el Caribe tienen una oportunidad importante para firmar y ratificar este tratado histórico, incluido Chile, que acoge la COP25 este año”, anotó.

El Acuerdo de Escazú fue adoptado por países de la región América Latina y el Caribe el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y tiene como objetivo garantizar la implementación, plena y efectiva, de los derechos de acceso a la información ambiental.

Además, la participación pública de casi 500 millones de personas en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Es el primero en el mundo que busca que se garanticen medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover los derechos de los defensores humanos y ambientales, así como prevenir ataques, amenazas o intimidación.

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