#InPerfecciones
El caso del líder religioso Naasón Joaquín García, tiene la virtud de dejar nuevamente expuesto el tema de los abusos que se llevan a cabo bajo el discurso de la “salvación del alma”.
Carlos Rosas Cancino / @CarlosRosas_C
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Tal parece que la “normalidad” con la que se toman casos de abuso sexual por parte de “lideres” religiosos hacia integrantes de su feligresía ha permeado en la política discursiva que no toma una posición contundente con el afán de mantener la imagen del estado laico, que si bien basa su postura en el derecho de libre asociación, ha demostrado su laxitud cuando de hacer valer los derechos de las víctimas se trata.
El caso del líder religioso Naasón Joaquín García, tiene la virtud de dejar nuevamente expuesto el tema de los abusos que se llevan a cabo bajo el discurso de la “salvación del alma”, y deja penosamente expuesto al sistema de impartición de justicia nacional, ya que estos casos de abuso no son privativos de una sola organización religiosa que ha rebasado su accionar incurriendo en delitos que resultan aberrantes, sin embargo, resulta también aberrante que la impartición de justicia ante las denuncias de abuso, maltrato, esclavitud, etc. no tenga la suficiencia para procesar a estos líderes religiosos que envueltos en una burbuja de poder económico y político han aprovechado los escaños y relaciones para infiltrar su mensaje de “salvación”.
En la critica que se hace sobre las religiones que mediáticamente se han mostrado como “fanáticas” y “extremistas”, se comete el error de creer que siendo un país con una “amplia” tradición democrática, los casos de fanáticos “locos” que entregan su vida a líderes religiosos rodeados de opulencia y excesos no se tienen debido a que la retórica de “humildad” y entrega de lo material a un “ser superior” resulta moralmente más adecuado que inmolarse, obviamente pensar que dichos líderes religiosos abusan de su posición no tiene cabida y mucho menos que sean sujetos de un proceso en el solamente tiene injerencia la mano de hombre “impío”.
No se trata de suprimir el derecho de libre asociación religiosa, se trata de mantener a cabalidad la separación del estado y la iglesia –sea la que sea- y por lo tanto mantener el estado de derecho de las víctimas de abuso. El problema no radica en expresar el fervor religioso públicamente, el problema radica en el uso inadecuado de plataformas de índole política donde queda demostrada la intromisión del poder religioso en materia de prerrogativas que gozan los ministerios religiosos al poder brincar de manera escandalosa las leyes a las que todo ciudadano debe ceñirse. Al fin que se supone que “nada ni nadie debe estar por encima de la ley” ¿no?.
